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“La autoría mediata por dominio de organización”. “El hombre de atrás”. Esa es la teoría jurídica que mantiene la fiscal Diana Salazar para acusar al expresidente Rafael Correa de que “dirigía”, “que tenía el poder” en una “estructura de corrupción”, que operó entre 2012 y 2016 desde la Función Ejecutiva, para receptar sobornos en beneficio de altos funcionarios públicos y de colaboradores cercanos destinados para distintos gastos personales y de Alianza PAIS (AP).

Salazar defendió la acusación de autor mediato contra Correa explicando que estas son las técnicas que se deben aplicar cuando se investiga la delincuencia organizada.

“El hombre de atrás, quien está en el poder, dispone a las personas que ejecuten una disposición. En tal virtud nosotros no vamos a encontrar por supuesto la suscripción de un contrato porque no necesita, porque para eso tiene su ministro, su secretario, para eso tiene su asesora, para que registre, que coordine y haga las reuniones”, afirmaba.

Según Fiscalía, el “autor de atrás” o quien dirige la estructura no tiene participación en la inmediata realización del delito y no trata con los “cohechadores”, lo que sí hacen las demás personas bajo su mando.

La noche del jueves último, para los alegatos de cierre en nombre de Correa participó Alfonso Zambrano Pasquel. Él desestimó la acusación de autor mediato de una estructura de poder organizada para cometer delitos que le hace a su cliente la Fiscalía sin pruebas, dijo.

En su argumentación, cuestionó la falta de vinculación de José Santos al caso, dijo que es falso que Correa había recibido $6000 de préstamo de parte de los sobornos de Odebrecht y rechazó que la fiscal diga que se otorgaron contratos con el doble del precio, cuando ese hecho no está probado.

Para la fiscal, la autoría mediata fue usada en un caso contra Alberto Fujimori, expresidente de Perú.

Apuntó que en esa causa se dijo que Fujimori no había matado a personas de la Cantuta y Barrios Altos, pero mediante la autoría mediata por dominio de organización se habría llegado a establecer su responsabilidad por haber firmado y dirigido un grupo de comandos para realizar esta clase de crímenes.

Zambrano en respuesta explicó que Fujimori sí firmó decretos de emergencia para el tema de la lucha con el terrorismo, pero con Correa no existe un decreto en el que se haya declarado la emergencia para favorecer a contratistas.

El penalista Ramiro Román opinó que es viable la aplicación de una “autoría mediata” o la del “hombre de atrás” contra el expresidente.

Y que ya es hora de que en el Ecuador se desarrolle la posición de la autoría, directa, mediata o coautoría. “Los jueces tienen que analizar suficientemente estas cosas. No podemos estar discutiendo sobre participación si estamos hablando de autoría”.

Jueces analizarán principio de favorabilidad

Que a los 20 procesados en el caso Sobornos 2012-2016 se les aplique por el delito de cohecho la máxima pena aumentada en un tercio por el agravante de haber cometido el delito en “pandilla” pidió el jueves último la fiscal general, Diana Salazar, al Tribunal de Juzgamiento.

La acusación fiscal está basada en el cohecho previsto en el artículo 286 del Código Penal (CP), que mantiene una pena de tres a seis años, y que tiene concordancia con el artículo 280 incisos segundo y cuarto del Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente desde 2014, que habla de un cohecho con penas de tres a cinco años.

Juristas señalan que en este caso se manejan los dos códigos debido a que los hechos ilícitos investigados se dieron en 2012 y se continuaron cometiendo hasta el 2016.

El exfiscal Pablo Encalada sostiene que en el caso de emitir una sentencia condenatoria el Tribunal deberá tomar en cuenta las penas establecidas en los dos códigos y sobre esa base aplicar el principio constitucional de favorabilidad, que señala que cuando existan dos normas en disputa “siempre” se deberá aplicar la pena más favorable al procesado.

El procurador Íñigo Salvador reconoció que si bien el análisis del tipo penal de cohecho en esta causa se hace a la luz del Código vigente a la época que se inician los hechos (2012), aseguró que no se puede aplicar el mismo artículo 286 del CP y su pena, porque existe el principio de favorabilidad por el cual no se puede condenar por la pena más alta, sino con la pena más benigna.

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