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Que la Fiscalía es la única institución que debe “certificar” si existió o no el delito de instigación al sabotaje y terrorismo en octubre pasado y que los hechos ocurridos durante las movilizaciones corresponden a un derecho a la resistencia, son las ideas centrales del discurso de los líderes indígenas que llegaron a la Fiscalía para rendir su versión dentro de la investigación previa.

La mañana de ayer rindieron versión Jaime Vargas y Leonidas Iza, presidentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi (MICC), respectivamente. Quien no llegó fue Rafael Pandam, presidente del Parlamento de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía.

La denuncia contra los tres dirigentes indígenas fue colocada, el 25 de octubre pasado, por el excandidato a prefecto de Pichincha Marcelo Hallo. Según él, lo que Fiscalía debe investigar son los excesos y los actos “vandálicos y terroristas” que sufrieron los ecuatorianos durante trece días de paro.

Para Hallo, durante las jornadas de protestas no solo se habrían generado delitos, sino también dejaron pérdidas por más de $2000 millones.

Vargas sostuvo que ellos no pueden decir quién cometió terrorismo, pero lo que sí tiene claro es la razón del levantamiento: “Había un decreto que afectaba al pueblo y es por eso que el pueblo se levanta”.

Respecto al informe sobre las protestas de octubre emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Vargas señaló que es favorable para el pueblo ecuatoriano y no solo para el movimiento indígena, pues se confirma que sí existió “violación de los derechos humanos”.

Por su parte, Iza opinó que para hablar sobre la movilización de octubre pasado hay que recurrir a los informes de diferentes instituciones internacionales: la Organización de Naciones Unidas (ONU), la CIDH y Amnistía Internacional.

A su decir, en estos informes está claro que las protestas se limitan a temas sociales y económicos, y no tienen que ver con delitos o violencia común.

“La movilización de octubre es un hecho legítimo social que está garantizado en la Carta de Derechos Humanos a nivel mundial que se llama el derecho a la protestas y en el Ecuador en el artículo 98 el derecho a la resistencia”.

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