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Cortesía Diario El Universo

Las 18 objeciones que realizó la Presidencia de la República a las reformas al Código de la Democracia no serán acogidas en su integridad por la Comisión de Justicia de la Asamblea.

Ayer, en la sesión de la Comisión, se conocieron las 18 observaciones, al tiempo que se decidía si plantear al pleno por la ratificación o allanamiento.

En al menos ocho se ratificaron en lo aprobado por la Legislatura; y en las restantes se allanaron al veto presidencial, que implicaba temas de forma, mas no de fondo.

Un ejemplo fue el caso de la undécima objeción, relacionada con eliminar el artículo vigente del Código referente a las circunscripciones electorales, en la que decidieron ratificarse por ‘unanimidad’ (estaban diez legisladores presentes).

En el texto presidencial se plantea eliminar el numeral dos del artículo 150, que “no existe”, fue el criterio.

Héctor Muñoz (SUMA) tildó al artículo de ser un “error grosero”; además, que el Ejecutivo “no tenía potestad” de vetarlo.

El argumento es que existe una sentencia de la Corte Constitucional relacionada con el veto al Código Orgánico Integral Penal (COIP), en la que se aclaró que no se puede objetar un texto que no fue debatido ni aprobado dentro de la Comisión o del pleno.

“Este es un veto fraudulento. Esto no fue que ‘se le deslizó’. Esto es una trafasia jurídica, no es un hecho aislado”, comentó Henry Cucalón (PSC).

La legisladora Lourdes Cuesta (antes de CREO) lo calificó como un acto de “mala fe”, y pidió que no se permita que se intente tratarlos como ‘tontos’.

Ximena Peña (AP), presidenta de la Mesa, insistió en que se deben ratificar en lo aprobado por los legisladores, y reconoció que durante el mandato de Rafael Correa se incorporaban “nuevos temas, se modificaron los textos, se tomaban numerales específicos del veto” porque tenían una “asamblea mayoritaria”.

Pero que ahora hay una posición “crítica, que refleja una nueva coyuntura política”.

Hasta la tarde de ayer los asambleístas seguían debatiendo dos artículos relacionados con los requisitos para candidatizarse a un cargo de elección popular y el otorgamiento de recursos para las “alianzas”.

El informe final estaría listo la próxima semana.

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