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Quito – El Ejecutivo estudiará el texto de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, que el lunes aprobó la Asamblea con 83 votos favorables para ponerle el ejecútese y publicarla, o vetarla parcialmente. Así lo informó la Presidencia ayer por la tarde.

El primer mandatario, Lenín Moreno, había indicado la víspera: “El proyecto vuelve al Ejecutivo y, con diálogo y consensos, seguiremos tomando decisiones para un país mejor”. En su cuenta de Twitter felicitó a la Asamblea, “que sin mirar banderas políticas apoyaron nuestra propuesta porque beneficia a las grandes mayorías”.

Con 83 votos, la Asamblea aprobó ley de Simplificación y Progresividad Tributaria

La ley busca incrementar la recaudación tributaria en al menos unos $600 millones en 2020. Pero también incluye varias concesiones a diversos sectores como remisión de deudas de créditos educativos, con BanEcuador y Corporación Financiera Nacional (CFN), simplificación de trámites e incluso la eliminación del anticipo al impuesto a la renta.

Sin embargo, también trae una contribución especial para las empresas que facturan más de un millón de dólares, el alza del ICE de 0 % a 10 % a los planes personales de telefonía celular, impuesto a dividendos, entre otros temas.

La ley reforma la Ley de Telecomunicaciones. Si bien en un momento pareció que uno de sus pilares: el devengamiento, quedaba sin piso, ayer se vio que el tema sí pasó pero con modificaciones.

Sí habrá reinversión en el sector y para cumplir el pago de tarifas de uso y explotación del espectro radioeléctrico y por el pago de concentración del mercado, los prestadores de telecomunicaciones podrán cancelar hasta un 45 % y 70 % de los valores a esas tarifas (en su orden) con proyectos tecnológicos.

Sobre el tema, el ministro del ramo, Andrés Michelena, dijo ayer, en una reunión de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana (Amcham), que es un “gran paso” que la Legislatura haya entendido que las telecomunicaciones, que las TIC, que la tecnología, son una herramienta vital para el desarrollo y crecimiento del país.

Explicó que en el tema del devengamiento el Gobierno propuso un 80 %, pero “finalmente la Asamblea aprobó un 45 % (pago, uso y explotación del espectro) y un 70 % del pago (por concentración de mercado)”. Sin embargo, habló de veto: “Vamos a ver si en el veto con el presidente (Lenín Moreno) hemos de conversar si va a quedar eso o podemos hacer algunos ajustes, pero lo importante es el concepto”.

Estimó que el Estado recaudaría por ambos pagos entre $70 millones y $80 millones anuales, que serían reinvertidos en la misma área de telecomunicaciones.

Agregó que se incrementó el plazo de los títulos habilitantes de 15 a 20 años y que cualquier licitación que se haga del espectro radioeléctrico estará valorada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

El asambleísta Patricio Donoso (CREO), de la Comisión de Régimen Económico, dijo que el Gobierno al momento tiene tres opciones: sancionar la ley y publicarla; vetarla parcialmente, y la Asamblea Nacional tendría hasta 30 días para responder. Si esto se diera, habría un riesgo de que la ley no entrara en vigencia el 2020. La otra opción es vetarla totalmente.

La aprobación de la ley es una buena noticia, porque hubo semanas delicadas en donde el mensaje dentro del país y en el exterior era de poca responsabilidad”. María Paula Romo, ministra de Gobierno

Hemos generado un contrato para una consultoría, para valorar las bandas 700, 2.5, 3.5 y toda la renegociación con telefónicas de las bandas que ya fueron concedidas”. Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones

Inversionistas

El presidente Lenín Moreno, junto con el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, José Agusto Briones, se reunió ayer con el presidente ejecutivo de la empresa inglesa New Fortress Energy. El empresario había mostrado su interés en invertir unos $3000 millones en el tema de provisión de gas natural. De concretarse, se lo haría a través de una concesión.

Subsidios

El ministro Agusto indicó que aún no existen decisiones en torno a la posible reducción u optimización de subsidios. Aseguró que para eso existen mesas de trabajo y que la decisión será consensuada. En la proforma 2020 se ha contemplado una reducción de subsidios por $670 millones.

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