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Quito – Este lunes 9 de diciembre vence el plazo para que el Ejecutivo entregue las respuestas a las 17 observaciones que hiciera la Asamblea sobre la Proforma Presupuestaria 2020, luego de que el ente legislativo decidió devolvérsela, el 27 de noviembre pasado. La proforma asciende a $35 498,42 millones (incluida la cuenta de importación de derivados) y requiere al menos de $8932 millones de financiamiento.

La proforma 2020, según analistas, presenta una subestimación de gastos y una mirada optimista sobre los ingresos.

Entre las observaciones de la Asamblea se encuentran varias que sugieren estirar los gastos. El pleno aprobó pedir al Gobierno garantizar recursos, por ejemplo, para la Defensoría del Pueblo y para los servicios que constan en la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Solicitan también garantizar los pagos de incentivos jubilares, las asignaciones para la terminación de infraestructura educativa, la transferencia a Solca y lo necesario para agricultura y producción.

En las conclusiones se plantea la necesidad de entregar recursos a las universidades y la observación de que en la proforma 2020 desaparece el rubro sobre la creación e implementación de servicios de la red de salud mental comunitaria y centros estatales de recuperación de adicciones, que equivalía a $6,1 millones en el 2019.

La Asamblea determinó que se debería establecer si los recursos, esperados por monetización (concesión de administración de activos del Estado), realmente son permanentes.

Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, dice que las observaciones del Legislativo no fueron de fondo, por lo que considera que no habrá mayores cambios.

Sobre la monetización explicó que para el Gobierno es imposible redefinir la clasificación debido a que no se cumpliría la norma macrofiscal. Si se llegara a retirar el tema, entonces el déficit subiría $2000 millones más, afirma.

El régimen ha dado pautas sobre por qué considera que la monetización sí es un ingreso permanente. Asegura que en ese rubro se incluyen las multas que no son periódicas ni fijas.

Para Carrera, la Asamblea no ha revisado responsablemente el presupuesto, ni el cumplimento de la ejecución. Considera que el Legislativo debería hacer un mea culpa porque no ha hecho nada que ayude a bajar el déficit, más bien rechazó la Ley de Crecimiento (que buscaba recaudar unos $730 millones), aunque ahora se dispone a aprobar la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, que llegaría a $600 millones de recaudación, según el régimen.

Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Legislativo, aseguró que hasta el jueves el Ministerio de Finanzas continuaba analizando los temas y dijo que confiaba en que el Gobierno acogería varias de las observaciones.

En subsidios, más pesa lo social en el 2020

Los subsidios del Gobierno sumarán $5455 millones en el 2020, menos que lo previsto en el 2019 ($6955 millones).

Las programaciones cuatrianuales indican que en años anteriores los combustibles tenían mayor peso y los sociales, menor, ahora ganan peso los sociales.

Esto se justifica con el aumento del Bono de Desarrollo Humano y la inclusión de uno de vivienda, que es nuevo.

En el tema de combustibles, el Gobierno debería aclarar las razones por las cuales se produce una baja tan pronunciada, comenta Fernando Santos Alvite, exministro de Energía.

Una posible explicación sea que en 2019 se estimaba todo el valor de la importación, y ahora tal vez se hace otro tipo de cálculo.

En la proforma hay una disminución de subsidios de combustibles por $670 millones considerando un mayor precio de la gasolina extra.

 

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