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Quito.- El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una serie de reformas electorales. Se realizaron cuatro votaciones, por temáticas y en todas se superaron los 70 votos necesarios para la aprobación. Entre los temas aprobados constan el cambio en el método de asignación de escaños, la paridad en la integración de las listas, el financiamiento electoral y la prevención de la violencia política de género. 

La asambleísta ponente, Ximena Peña, afirmó que el cambio de método de asignación de escaños y el cambio de listas abiertas a listas cerradas y bloqueadas, evitará los “personalismos” políticos y además, permitirá un mejor cumplimiento al mandato constitucional de proporcionalidad. Esta reforma se aprobó con 76 votos a favor y 42 en contra, sobre todo de legisladores del bloque correísta y el Partido Social Cristiano, argumentando que podría afectar la gobernabilidad en el país.

Asimismo, se aprobó la implementación de un sistema para la transparencia de los aportes a campañas, también un nuevo mecanismo para la aplicación de multas por infracciones electorales. Además, se incrementará en un 230% el tope para la promoción electoral de los postulantes a la Presidencia de la República y se establecen nuevas reglas para la aplicación de la justicia electoral. Este bloque de reformas se aprobó con 113 votos.

La reforma plantea el encabezado obligatorio de mujeres en un 50% de las listas uni y pluripersonales en todas las dignidades de manera progresiva hasta 2025. Mientras que los binomios presidenciales deberán estar compuestos por hombre-mujer o mujer-hombre en 2025. Esta reforma se aprobó con 113 votos a favor.

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, afirmó que las reformas aprobadas cuentan con un criterio de paridad de género y también que el 20 % de participación electoral será de jóvenes.

Finalmente, la normativa reformada define la violencia política de género, estableciendo a las acciones de desprestigio a las candidatas con mensajes sexistas o que afecten a la moral de la mujer, como infracciones electorales. Estas acciones deberán ser tratadas por el Tribunal Contencioso Electoral pudiendo determinar sanciones como la suspensión de derechos políticos y la descalificación de candidaturas.

El proyecto de Ley será remitido al Ejecutivo, quien tiene 30 días para presentar sus observaciones o vetar completamente el texto.

Observatorio Legislativo pone a su disposición información sobre el trabajo de la Asamblea Nacional para su discusión y análisis. Es nuestro derecho, como ciudadanos y ciudadanas, participar en los asuntos de interés público. Sólo la participación activa nos permitirá construir un país más responsable y democrático.

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