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La acusación que ya está en Fiscalía se basa en la auditoría a los estados de excepción y emergencia. El perjuicio supera el millón de dólares.

La Contraloría General del Estado encontró indicios de responsabilidad penal en contra del exmandatario, Rafael Correa, dentro de la auditoría de gestión que realizó a las declaratorias de estados de excepción y emergencia en la Presidencia de la República y entidades relacionadas. El perjuicio al Estado alcanzaría el 1’223.926 dólares. El examen que está en manos de la Fiscalía desde el pasado viernes.

El organismo de control hace un desglose de las irregularidades encontradas en la aplicación de estos decretos en los ministerios de Agricultura, Vivienda, Turismo y Salud.

Se especifica que Correa emitió seis decretos de excepción, qué en algunos casos, estos tuvieron incidencia a nivel nacional, “aunque los informes técnicos indicaron que las emergencias afectaban a zonas específicas”.

Tal es el caso de los decretos 755 y 1001, que se dictaron por el incremento de la actividad volcánica en el Cotopaxi y por el terremoto del 16 de abril de 2016, en su orden.

De la auditoria se desprende que al amparo de los decretos de estados de excepción y sus ampliaciones se iniciaron procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías “eludiendo los procedimientos de contratación pública, que garantizan las mejores condiciones técnicas y económicas para las instituciones del Estado”, afirma el documento.

Precisa que en Ministerio de Agricultura y Ganadería (Magap), el ministro de época autorizó la adquisición de 188.750 fundas de leche en polvo por un valor 528.000 dólares en favor de los damnificados del terremoto de 2016; sin embrago, la compra se efectuó a pesar de que el Ministerio de salud solicitó detener las donaciones de leche en polvo y fórmulas infantiles debido a la escasez de agua limpia y segura para hacer las mezclas, poniendo en riesgo a las personas.

“La ausencia de coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) para la distribución de los insumos impidió que lleguen a los damnificados, ocasionando que el MAGAP efectúe contrataciones que no aportaron a superar la emergencia”, concluye el documento.

Además, señala que, en el tema de vivienda, no se utilizaron los productos de la consultoría de estudios geotécnicos para la evaluación de seis lotes de terreno en la provincia de Manabí, en los cuales se tenía previsto construir viviendas destinadas a las familias damnificadas por el terremoto, y no se justificó la contratación de 384.325 dólares, lo que habría ocasionado un perjuicio al Estado y la disminución de la disponibilidad presupuestaria para superar la emergencia.

Así mismo, señala que el Ministerio de Turismo autorizó la contratación por Régimen de Emergencia de una consultoría para desarrollar los estudios de un modelo de gestión, para el desarrollo de soluciones temporales de alojamiento a los prestadores de servicios turísticos afectados por el sismo. “Los productos entregados por el consultor no responden al objeto del contrato. Además, no fueron considerados para el desarrollo de proyectos en el Ministerio, originando una erogación de recursos por 227.771 dólares”.

Mientras que en el Ministerio de salud se habría encontrado un pago en exceso de 89.830 dólares en la adquisición de ayudas técnicas para tratamiento médico personalizado –succionadores portátiles, concentradores de oxígenos fijos y nebulizadores portátiles—, al no haberse considerado la oferta de menor valor.

La Fiscalía deberá determinar la corresponsabilidad de algunos ministros de época.

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