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Un juez de garantías constitucionales otorgó las medidas cautelares solicitadas por el contralmirante Darwin Jarrín, comandante general de la Armada del Ecuador, y dejó sin efecto jurídico la decisión de la Prefectura del Guayas de terminar el contrato con la institución militar, referente al dragado del río Guayas.

En su resolución, el magistrado dejó insubsistente la notificación de finiquito realizada por el gobierno provincial en contra de la Armada del Ecuador, el 21 de agosto pasado.

El prefecto Carlos Luis Morales, aludiendo incumplimiento en la labor del dragado del río Guayas, terminó el contrato suscrito, el 18 de abril del 2018, por su antecesor Jimmy Jairala, por un monto de $ 58’814.502.

Oficializó su decisión el 22 de agosto anterior en la sesión del Consejo Provincial, remarcando que luego de una auditoría se había detectado irregularidades de gestión.

El lunes 2, Morales incluso estuvo Quito reportando las supuestas anomalías a la Fiscalía General y a la Contraloría.

Este miércoles 4, el comandante Jarrín convocó a una rueda de prensa para desestimar la versión de incumplimiento de contrato. Sostuvo que la Prefectura del Guayas nunca le entregó el 100% del terreno destinado para el depósito de sedimentos, en un volumen de 4’100.000 metros cúbicos.

Indicó que por las circunstancias actuales que afectaban el contrato inicial, como que el volumen de sedimento había aumentado en 3’000.000 de metros cúbicos, las partes habían acordado un término del contrato por mutuo acuerdo. Comentó que se sintió sorprendido de un término unilateral que contravenía un “pacto de caballeros”.

Jarrín se mostró abierto a continuar las conversaciones para un finiquito en común acuerdo, pero rechazó la afectación a la trayectoria de 49 años del Servicio de Dragas de la Armada del Ecuador, que destacó, ha cumplido con éxito obras de mayor envergadura.

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