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El procurador general del Estado, Íñigo Salvador Crespo, presentó este miércoles 28 de    agosto la acusación particular dentro del denominado caso “Sobornos 2012-2016” en contra de: Rafael Correa Delgado, ex presidente de la república, Jorge Glas Espinel, ex vicepresidente de la república, y otros altos ex funcionarios de la administración pública, entre los que se encuentran: Vinicio Alvarado Espinel, María de los Ángeles Duarte Pesantes, Alexis Mera Giler, Viviana Bonilla Salcedo y Walter Solís Valarezo; así como en contra de varios empresarios y contratistas del Estado, por haberse encontrado indicios de responsabilidad penal por el delito de cohecho, tipificado en el artículo 286 del Código Penal y que se encuentra recogido en los incisos segundo y cuarto del artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal e inciso segundo del artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador.

El procurador general del Estado presentó la acusación ante la jueza nacional Daniella Camacho Herold, luego de analizar el expediente de la investigación previa y la instrucción fiscal, de más de 500 cuerpos, que contiene informes periciales, evidencias documentales y testimoniales.

De esa evidencia se desprende que se habría instaurado un bien diseñado esquema de corrupción, utilizando como plataforma varias instituciones del Estado, que fueron dirigidas o representadas de manera cíclica, consecutiva y recurrente por los mismos servidores públicos designados por el ex presidente Rafael Correa, en calidad de ministros y secretarios de Estado. Ellos, en el ejercicio de sus funciones durante el periodo comprendido entre 2012 y 2016, habrían adjudicado contratos y suscrito convenios con empresarios nacionales y extranjeros, utilizando como mecanismo de retribución económica la figura del convenio de pago, en contratos de construcción de obras de infraestructura del Estado por montos millonarios, contraviniendo de manera expresa lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, presumiblemente a cambio del ofrecimiento y entrega de sobornos por parte de dichos empresarios.

Estos sobornos, una vez aceptados, habrían sido recibidos por funcionarios públicos y administrados por ellos para varios fines, beneficiando de manera directa al movimiento Alianza País y a un selecto grupo de militantes, simpatizantes y personas cercanas al ex presidente Rafael Correa.  Los fondos se habrían utilizado en aportes a candidaturas nacionales y seccionales, así como pagos de diversa índole tales como: prestación de servicios, mítines políticos, préstamos personales, traslados, alimentación, cumpleaños del ex presidente, entre otros.  Se presume que estos pagos se entregaron en efectivo, en sobres, o mediante el denominado “cruce de facturas”.    

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