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Luego de casi 90 días de cierre por disposición de la nueva administración que se posesionó el 15 de mayo, la Prefectura del Guayas ahora denominada Gobierno del Guayas, restableció la mañana de este miércoles la atención a los usuarios en sus distintas áreas ubicadas en su sede provincial, en el centro de Guayaquil.  en horario de 08:30 a 16:30. Pero no será sino hasta el próximo martes que el prefecto Carlos Morales informará los resultados de la auditoría que dispuso a la gestión anterior a la suya, desde el 22 de ese mes.

Fernando Delgado, director financiero de la Prefectura, expresó que ha tratado de optimizar los recursos para mantener las atenciones y aunque estaban cerradas se seguía la atención en áreas sociales y temas de vialidad. “Estamos al 100%”, dijo.

Durante estos meses, Delgado explicó que se trabajó en temas de mobiliarios y equipos de computación.

Uno de los primeros en llevar sus trámites fue el alcalde de Isidro Ayora,  Ignacio Cercado. Él busca gestionar un convenio de tecnología para su cantón.

En junio pasado, durante la  primera sesión del Consejo Provincial del Guayas, Morales adelantó que el 98% del presupuesto del 2019 ya ha sido comprometido por la anterior administración y apenas hay un 2% para ejecutarlo.

El prefecto indicó que existe una cartera vencida o por cobrar de 51 millones de dólares y 14 millones 700 mil dólares no se pueden cobrar porque esas compañías no existen en la Superintendencia de Compañías ni tampoco en el Servicio de Rentas Internas (SRI). (I)

Según la dirección de comunicación, durante la nueva administración se han intervenido alrededor de 100 kilómetros de canales y esteros, donde se han ejecutado obras de limpieza en varios cantones.

Entre esos Bucay, Daule, Jujan, Nobol, Naranjal, Palestina, Pedro Carbo, Samborondón, Yaguachi, Playas, Milagro, Colimes y Santa Lucía.

En estas localidades, además, se han realizado obras de mantenimiento de caminos lastrados y asfaltados.

En promedio, según la Prefectura, se han intervenido 5,5 kilómetros diarios.

Con el propósito de fomentar proyectos y programas de desarrollo social en la provincia, otra de las iniciativas ha sido la de fortalecer las alianzas con universidades, se indicó.

El Centro de Equinoterapia ofrece ahora terapias integrales, no solo con caballos.

Tanto en Samborondón como en Naranjal la Prefectura ha llevado brigadas médicas que han atendido a más 2.000 personas. Y desde ayer, las brigadas de salud se trasladaron a Matilde Esther, una localidad que pertenece a Guayas y limita con Los Ríos y Bolívar.

Uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía es el del dragado del islote el Palmar entre los ríos Guayas y Daule.

En abril del año pasado Jimmy Jairala, antecesor de Morales, firmó el contrato de dragado con el Servicio de Dragas de la Armada, luego de un proceso fallido. La inversión prevista era de $ 58’814.502 para el retiro de 4,5 millones de metros cúbicos de sedimentos, con dos años de plazo.

Pero en el transcurso de doce meses hubo ajustes.

Al asumir sus funciones el nuevo prefecto dispuso la terminación unilateral de dicho contrato y en esa ocasión dijo que espera convocar un nuevo concurso con precios convenientes y bajo una modalidad transparente.

Vigente  plan de eficiencia administrativa

La nueva administración de la Prefectura del Guayas  dispuso en julio pasado  la terminación de contratos con 518 trabajadores (210 obreros y 308 empleados con nombramientos provisionales).

Los colaboradores fueron notificados luego de un informe del Departamento de Talento Humano, que determinó duplicidad de funciones, nombramientos provisionales sin debida justificación y exceso de personal en ciertas áreas.

Otra de las novedades expuestas por el actual prefecto, Carlos Morales, fue que encontró que el 98% de recursos ya estaba  comprometido.

Es decir, de un presupuesto de $ 250 millones aprobado en diciembre del 2018 por la administración anterior, el actual prefecto solo dispondría de $ 5 millones.

Ante ello, en sesión del Consejo, el pleno aprobó que se soliciten recursos a alguna financiera para costear un plan de eficiencia administrativa, con un techo de $ 9’244.450, a un máximo de 5 años plazo.

 

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