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Cortesía Diario El Universo

Quince minutos le tomó a Salazar nombrar los once elementos de convicción para formularle cargo al exmandatario, de quien dijo es visto como prófugo por una orden de prisión vigente en el juicio por el plagio del activista Fernando Balda y no ha demostrado en el caso Sobornos la predisposición de retornar al país para colaborar con la justicia.

Las versiones del ex secretario jurídico Alexis Mera, también investigado en la causa; de la exministra de Transporte y además indagada María Duarte; del hermano mayor de Correa, Fabricio; y de la asistente personal del exmandatario, Pamela Martínez, habrían dado los elementos necesarios para señalarlo como un “jefe”.

 A estos elementos de convicción, la fiscal Salazar sumó las referencias de SP (Señor Presidente) encontradas en archivos y correos electrónicos ubicados en la computadora personal de la asistente de Presidencia y otra investigada, Laura Terán, así como en la llamada “Libreta de la Chimenea”, escrita a mano por Martínez.

Finalmente, un depósito de $6.000 en efectivo en la cuenta personal del expresidente, del 16 de mayo de 2014, confirmaría para Fiscalía que él como funcionario público participó del movimiento de dinero llegado desde personas vinculadas con la actividad empresarial, quienes entregaron recursos, en efectivo o a través del cruce de facturas, para pagar servicios cuyo principal beneficiario habría sido el movimiento Alianza PAIS (AP).

Correa en su cuenta de Twitter confirmó que recibió el dinero, pero aclaró: “Tenía un recurrente sobregiro y pedí prestado $ 6.000 del fondo solidario que teníamos en Presidencia (nuestros aportes) y lo pagué hasta el último centavo (tengo los cheques de $ 500 mensuales). ¡No sean ridículos!”.

Hace una semana, Correa hizo referencia a un “fondo de solidaridad” de la Presidencia al que aportaba $ 380 mensuales y en el que existía el código SP (Señor Presidente).

La jueza Daniella Camacho tardó 30 minutos en instalar la audiencia. Primero tuvo que negar tres pedidos de las defensas de los acusados, entre ellos, el hecho por Harrison Salcedo, por parte del exvicepresidente Glas, para que se inicie en la tarde la diligencia, o el de Vanessa Zavala, abogada de Alvarado, para que la jueza se excuse de la causa.

Junto a Correa, la fiscal también pidió prisión preventiva para los exministros del correato Vinicio Alvarado y Walter Solís; el exministro y exvicepresiente Glas, además de Yamil Massuh, asesor político de Duarte. Todos fueron vinculados en calidad de autores.

Para los cinco solicitaba esta medida cautelar Salazar, pues explicaba que era “imperante” que comparezcan al proceso y además para asegurar una posible reparación integral.

La “necesidad” de la prisión preventiva pedida por Fiscalía se basaba en que Alvarado estaba en Venezuela, Solís era un prófugo de la justicia en un caso por peculado y Massuh intentó salir por la frontera con Perú una vez que fue llamado a dar versión y adujo que no venía a Quito porque no tenía recursos para viajar desde Guayaquil.

Glas, Solís y Alvarado son vistos por Fiscalía como líderes de la estructura. Contra este último, al igual que para Correa, Salazar pidió que se oficie a Interpol para su captura.

Para los restantes 17 vinculados, entre los que están la actual asambleísta Bonilla y el exlegislador Viteri, Salazar solicitó la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad competente.

Para todos Fiscalía pidió la prohibición de enajenar bienes, la retención de cuentas en el sistema financiero local para garantizar una reparación que bordearía los $ 7,8 millones.

La audiencia continuaba hasta el cierre de la edición con los reparos de los abogados de los 22 procesados respecto a las medidas cautelares de carácter personal y real solicitadas por Fiscalía. Luego, la jueza Camacho debía iniciar un periodo de deliberación, para luego dar a conocer su resolución.

La fiscal Salazar sostuvo diez elementos de convicción para relacionar a Glas con los delitos investigados; ocho elementos se dieron para formular cargos contra Alvarado; nueve para vincular a Bonilla, y ocho para señalar responsabilidades contra Viteri, y otros.

Entre los cinco elementos de convicción de los que habló la Fiscalía en contra de Solís estuvo un chat de Alexis Mera con un usuario señalado como Rosana Alvarado, exlegisladora y exministra del actual régimen.

El 7 de junio, Fabricio Correa habría dicho en su versión que el círculo cercano de su hermano en AP fueron Vinicio Alvarado y Jorge Glas, en el 2013, y que Pamela Martínez y Glas manejaban sus asuntos personales.

Cuando la Fiscalía requirió la versión del expresidente (…), él simplemente lo que hizo es abandonar el domicilio, impidiendo de una u otra manera la práctica de las diligencias”.

Fiscalía ha venido a esta audiencia a plantear que malintencionadamente, considerando que es producto de fondos ilegales, el presidente haya recibido un depósito en su cuenta de $ 6.000”.

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