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En el marco del Acuerdo de cooperación interinstitucional, esta mañana se realizó en la Procuraduría General del Estado, la segunda reunión entre las autoridades del Estado ecuatoriano y la compañía Odebrecht, para discutir el requerimiento de reparación de los daños que el país sufrió como resultado de actos corruptos de la empresa brasileña.

En esta sesión, conforme a lo programado en la reunión del 10 de julio, las partes abordaron la metodología para establecer el monto de los daños causados al Estado ecuatoriano por las acciones ilícitas de Odebrecht, la cual podrá ser ajustada conforme se avance en el proceso y en función de nuevos elementos que puedan aportar las entidades afectadas u otros actores interesados.

Según esta metodología, los daños que deberán ser reparados son:

  1. Daños materiales: determinación del daño emergente y lucro cesante causados en relación a cada uno de los contratos celebrados por entidades públicas ecuatorianas y la compañía brasileña, sobre la base de los rubros indemnizatorios que se desprendan del análisis de cada contrato y que incluirán, entre otros, posibles costos adicionales sin sustento, pagos ilegales, acuerdos colusorios y costos financieros asociados.
  2. Daños inmateriales: determinación del daño social causado por las acciones ilícitas de Odebrecht, que incluirá: pérdida de confianza, credibilidad y respeto a las instituciones, afectación a la seguridad jurídica, desaliento a la inversión en el país, entre otros.

Como primer paso para el establecimiento de los daños se está recabando de todas las entidades públicas directamente afectadas, así como de las entidades de control, investigación y regulación, la información necesaria para determinar la naturaleza y cuantificación de los daños. Con este propósito, en la reunión de esta mañana participaron Danilo Sylva, Superintendente de Control del Poder de Mercado, y Galo Maldonado, Director Nacional Jurídico del Servicio de Rentas Internas. Igualmente se contará, a título referencial, con información que aportará la propia empresa Odebrecht, además de otras fuentes no oficiales.

En una etapa posterior, con fundamento en la referida información y los necesarios sustentos documentales, se establecerá el valor de los daños sufridos, que servirá para determinar el monto de la indemnización que Odebrecht deberá entregar al Ecuador, sin perjuicio de otras formas de reparación que se considere apropiadas.

Las autoridades ecuatorianas reiteraron que estas tratativas y cualquier acuerdo de reparación que pueda resultar de ellas son completamente independientes de los procesos investigativos en marcha de la Fiscalía General del Estado, los procesos de la Contraloría General del Estado o cualquier otro proceso administrativo o judicial, los cuales continuarán hasta establecerse las responsabilidades penales, civiles y administrativas que correspondan e imponerse las respectivas sanciones. Por su parte, la compañía reiteró su compromiso de continuar cooperando con el Estado ecuatoriano con miras a una reparación integral.

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