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El 2 de marzo de 2015, la empresa española Albacora S.A. notificó a la PGE una controversia relativa a inversiones al Estado ecuatoriano: La empresa alegaba que las determinaciones tributarias realizadas por el Servicio de Rentas Internas afectaban a su inversión, pues consideraban que la exención al impuesto a la renta establecida en la Ley de Zonas Francas estaba vigente.

Por su parte, el Ecuador, en la defensa técnica jurídica de la Procuraduría General del Estado, sostuvo que la Ley de Régimen Tributario Interno derogó tal exención.

En 2016, inició un arbitraje internacional en materia de inversiones, administrado por la Corte Permanente de Arbitraje.

Después de tres años de litigio, hoy el Tribunal resolvió, de manera unánime, rechazar todas las alegaciones constantes en la demanda propuesta por la empresa extranjera y que la empresa extranjera pague las dos terceras partes de las costas y gastos correspondientes al tribunal arbitral y a la entidad administradora del caso.

Por otro lado, el Tribunal condenó a la empresa extranjera a pagar el 50% de las costas procesales incurridas por el Ecuador.

De esta manera, la Procuraduría defendió los intereses y posición del Estado ecuatoriano, obteniendo un laudo favorable en una demanda por aproximadamente 56 millones de dólares.

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