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Una jueza de la Corte Suprema de Brasil dio cinco días al presidente Jair Bolsonaro para explicar su decreto que autoriza a millones de brasileños a portar armas cargadas en espacios públicos, algo inconstitucional según los críticos.

La orden de la jueza del Supremo Tribunal Federal Rosa Weber, que se extiende al Ministerio de Justicia, fue emitida después de que un partido opositor, Rede Sustentabilidade, impugnara la constitucionalidad de la decisión de Bolsonaro. Su decreto, firmado el pasado martes, fue “un abuso de poder regulatorio” y “contravino el espíritu” de un estatuto de desarme del 2003 que prohíbe portar armas en público.

Entre tanto, documentos que circulaban en el Congreso el viernes acusan a Bolsonaro de “ir más allá” de sus atribuciones presidenciales y califican el decreto de ‘ilegal’, tras otorgar a varias categorías ocupacionales, entre ellas políticos, periodistas y camioneros, el derecho a portar armas, informó ayer el diario O Globo.

Bolsonaro, un excapitán del ejército, defiende que el decreto se apega al resultado de un referéndum del 2005 en el que cerca del 64% de los brasileños rechazó una ley que implicaba, entre otras cosas, prohibir la venta de armas.

Especialistas aseguran que flexibilizar los controles aumentará la violencia armada en un país que ya ostenta uno de los mayores índices de homicidios del mundo, 64.000 en 2017, una tasa de casi 31 por cada 100.000 habitantes.

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