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Cortesía Diario La Hora

Para este 12 de junio de 2019, el presidente de la República, Lenín Moreno; y la ministra del Interior, María Paula Romo, fueron llamados a rendir su versión, dentro de la investigación por ataque a la integridad de sistemas informáticos, contra el ciudadano sueco Ola Bini, pero ninguna de las dos autoridades acudió a la Fiscalía.

En su lugar, enviaron declaraciones juramentadas, según informó en los exteriores de la entidad, su abogado Jorge Acosta. “El señor presidente ha enviado una declaración jurada y los ministros, además de otros funcionasrios que tienen el mismo rango, con eso ha cumplido con su obligación y con la petición de la Fiscalía para que él informe sobre los hechos del señor Bini”.

Asimismo, señaló que el primer mandatario le dio instrucciones para dar “las más amplias colaboraciones y dejar que la justicia realice sus indagaciones”, tanto en este caso como el de INA Papers.
Dijo que no podía dar detalles del contenido del documento, por encontrarse en investigación.
En tanto, José Charry, uno de los abogados de Bini, cuestionó el escrito, alegando que no corresponde dicho envío en esta fase de investigación, y que tenían que acudir a dar su versión.
También señaló que había contradicciones entre el documento de Moreno y el de Romo. “(El mandatario) ha presentado su informe escueto, súper simple, es una hoja en el que establece sus datos personales y que lo único que sabe del caso es lo que ha dicho María Paula Romo en las entrevistas. Ahí viene el problema, María Paula Romo en sus distintas declaraciones nunca ha dicho que se ha visto a Ola Bini hackeando sistemas informáticos, cuentas de gobierno o celulares, que se lo encontró sin sus equipamientos de artes marciales. El presidente en sus declaraciones sí dijo que Ola Bini se lo encontró hackeando cuentas de gobiernos, celulares y que no tenía los implementos de artes marciales, no se entiende la contradicción”.
De allí que afirmó que Bini “ha sido víctima de la desinformación del Gobierno, que tiene como consecuencia una prisión preventiva en su contra, aún cuando no tienen claro que es lo que supuestamente hizo”.
El ciudadano sueco, de 36 años y vinculado alCaso  fundador de WikiLeaks Julian Assange, fue detenido el 11 de abril de 2019 en Quito, donde residía, cuando se aprestaba a viajar a Japón.
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