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Cortesía Diario El Universo

El rector y presidente de la Comisión Interventora y Fortalecimiento Institucional (CIFI), Roberto Passailaigue, anunció que dieron 48 horas para que los comerciantes entreguen sus documentos legales, pero solo 40 se presentaron, así que se inició un inventario en general.

Luego de cumplido el censo que se implementó la semana anterior como medida urgente luego de la emergencia que se vive en ese campus existen 175 comerciantes en la ciudadela universitaria, según el último padrón. Sin embargo, para autoridades la cifra asciende a 200 incluidos ambulantes.

El pasado viernes la Universidad anunció que quienes no tengan permisos deberán gestionarlos lo antes posible para continuar realizando su labor en el campus, es decir, no serán desalojados.

Passailaigue criticó que hay aulas que son utilizadas como centros de copiados, que son alquilados y que la Universidad desconoce a quién es el que se le paga aquel monto mensual.

Agregó que el plan es darle un espacio adecuado a los vendedores para que estén regulados y se ajusten a las normas.

Este tema es complementado con los procesos de seguridad por lo que la unidad de vigilancia será reestructurada, pues está integrada por conserjes que habían sido ascendidos o personas que habían recibido beneficios por algún favor en pasadas administraciones.

Grupos de estudiantes y asociaciones consultadas por este Diario coinciden en que la Universidad debe recibir el pago de los 17 millones del Gobierno para concretar el plan.

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