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Cortesía Diario Expreso

Son 333 autoridades principales las electas por los votantes del Guayas el pasado 24 de marzo: un prefecto, una viceprefecta, 25 alcaldes, 137 concejales urbanos, 24 concejales rurales, 145 vocales de Juntas Parroquiales. No asistió al evento la alcaldesa electa de Guayaquil, Cynthia Viteri; ni el primer edil electo de Samborondón, Juan José Yúnez.

Pese a que Atamaint anunció que no se entregaría aún la credencial al alcalde electo de Durán, Dalton Narváez, esta fue entregada.

Allí se acreditó al prefecto, viceprefecta, alcaldes, concejales urbanos y rurales; y a los miembros de las juntas parroquiales de esta provincia.

Añadió que el deber de ellos, como nuevas autoridades, es “construir una democracia directa, una democracia participativa” para el bien de los pueblos.

Aún tienen que esperar. Los habitantes de los cantones Milagro, Salitre, Naranjito y Durán aún no tienen oficialmente a sus autoridades electas con sus credenciales. A cuatro días de que deban asumir sus cargos, los alcaldes electos de estos cuatro cantones, dos de ellos entre los cinco más poblados de Guayas, aún esperan un pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral a recursos pendientes para poder obtener sus acreditaciones.

El tiempo transcurre. Y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, confía que sea suficiente para poder cumplir con los plazos antes del 14 de mayo próximo, día en el que deben asumir sus cargos. “Hasta el día de hoy (viernes 10 mayo) todas las acusaciones han sido desvanecidas y se han ratificado los resultados del 24 de marzo. Tanto en la repetición de las elecciones y reconteo no han variado los resultados”, replicó la funcionaria en el marco de la entrega de credenciales de este 10 de mayo, en el Teatro Centro Cívico de Guayaquil.

No obstante, Atamaint es consciente que el plazo puede transcurrir hasta el día 14 y aún no poder legalmente entregar las credenciales. Ella prefirió no emitir un criterio hasta el momento. Esperará a que el Tribunal Contencioso Electoral y la Procuraduría General del Estado se pronuncie sobre el tema.

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