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Quito – La transición terminó para los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Solo mantendrán una sesión plenaria más, que será la última, para aprobar su propuesta de “política pública” que heredarán a sus sucesores, electos en los comicios del 24 de marzo pasado.

Dentro del Consejo, el personal del nivel jerárquico superior está presentando sus renuncias; aquellos que tienen nombramiento están dedicados a elaborar informes finales de lo que fue este año en funciones transitorias, y también están ocupados en recoger sus pertenencias para volver a mudarse de edificio, pues el que ocupan ahora será para los jueces de la Corte Constitucional (CC).

El rostro que lideró esta fase de transición Julio César Trujillo, indicó que tendrán su último pleno el próximo 13 de mayo, un día antes de la posesión de los nuevos consejeros.

El objetivo es debatir y aprobar la propuesta de política pública en el que plasmarán recomendaciones para el futuro político del país. Como por ejemplo, “modificar las normas para designar autoridades de control del Estado”.

Trujillo anunció, asimismo, que impulsará una consulta popular para eliminar el CPCCS.

La consulta del 4 de febrero le otorgó tres potestades al Consejo transitorio: evaluar a las autoridades de control, cesarlas en sus funciones y designar a las nuevas.

Según el consejero Pablo Dávila, para cumplir con esa tarea aprobaron 21 indicadores de evaluación con 56 subindicadores que tuvieron “el aval de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”. Con ello se “evaluó a diez organismos, 30 autoridades públicas, se cesó en funciones a 29 y se designó a 55 personas, entre principales y suplentes”.

Sin embargo, dejaron pendiente la designación de los titulares de la Contraloría General del Estado, de la Defensoría Pública, del superintendente de Ordenamiento Territorial y de los miembros de la Conferencia de Soberanía Alimentaria, así como del Consejo Intercultural del Agua.

Pero el presupuesto disponible que recibirán los nuevos consejeros es mínimo. El Ministerio de Finanzas asignó al Consejo transitorio para este año $ 9’562.696; pero el 23 de marzo pasado se notificó que se le disminuyó a $ 1’642.815,86.

Entonces, el total asignado sería de $ 7’919.881, y solo en salarios para los 397 servidores se presupuestaron $ 8’674.974.

El consejero electo el 24 de marzo, según los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Christian Cruz, dice que el organismo debe trabajar para no “darle chance a la corrupción, desmontar prácticas viciadas, prevenir actos de corrupción y continuar con las acciones que la ley nos permite para que los casos lleguen a tener sentencia apegadas en el marco jurídico”.

Sobre revisar las decisiones de ese saliente Consejo transitorio, Cruz aclaró que “se debe revisar dentro de los plazos y lo que el marco jurídico permite, pero no porque son resoluciones del transitorio, sino porque todos funcionarios públicos y sus acciones son sujetas de auditoría. No hay un tema exclusivo con las decisiones del transitorio”.

Anticorrupción

Dentro de su atribución de lucha anticorrupción, el Consejo de Participación transitorio inició la investigación a nueve proyectos emblemáticos del anterior Gobierno; de esos ya presentó ocho denuncias en la Fiscalía. Durante el proceso de evaluación a las autoridades recibió 1.200 denuncias contra ellas; no se judicializaron.

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