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Guayaquil.- En estricto cumplimiento de la Ley y por unanimidad, el Consejo de Educación Superior (CES) dispuso hoy ampliar por dos años más la intervención de la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional (CIFI) de la Universidad de Guayaquil (UG), que desde el pasado 18 de octubre de 2018 asumió las funciones de este centro de estudios.

La decisión de ampliar la intervención se debe a las irregularidades académicas, administrativas y financieras encontradas durante las actividades desarrolladas por la CIFI.

Adrián Bonilla, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), informó que la intervención está sometida al escrutinio público y que todas las acciones tomadas por el CES están normadas por la ley y apegadas al bien supremo, “que es el derecho de la comunidad universitaria a una educación de calidad”.

Bonilla explicó que el interés de esta decisión es mejorar los procesos académicos de la universidad y dar respuesta a las expectativas de sus actores y de todo el país, “porque la universidad de Guayaquil es un patrimonio del conjunto de los ecuatorianos”.

El Secretario ratificó que el Consejo de Educación Superior tiene todo el apoyo y respaldo del Gobierno en las decisiones que se adopten para resolver las necesidades de la universidad. “Nuestro compromiso como Senescyt y CES es hacer un seguimiento permanente al proceso de intervención”.

Por su parte, Catalina Vélez, presidenta del CES, indicó que las irregularidades identificadas no se pueden omitir, ya que afectan directamente el derecho a una educación inclusiva y los principios de igualdad de oportunidades, pertinencia y gratuidad.

En esta línea, puntualizó que la CIFI evidenció el incumplimiento de 224 observaciones y recomendaciones que la Contraloría General del Estado realizó a la UG desde el 2010, además de la omisión de las recomendaciones realizadas por el CES en la posintervención de julio de 2018.

Entre otras irregularidades, Vélez informó que hay asignación de becas sin estudios de pertinencia ni políticas de retorno para el personal docente de la universidad; deudas vigentes por multas e intereses por impago de servicios básicos que ascienden a casi 3 millones de dólares.

También, existe duplicidad en funciones académicas, administrativas y financieras, pagos pendientes a jubilados, falta de gestión documental y administrativa, contratos irregulares y pagos por obligaciones pendientes.

Con esta extensión a la intervención, se busca garantizar el derecho a la educación superior de calidad, el normal funcionamiento de la UG, la continuidad de los procesos que aseguren transparencia en la gestión académica, administrativa y financiera y precautelar el derecho constituciones de los estudiantes a recibir una adecuada formación superior.

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