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Quito – A 19 días de que concluya los 120 días de la instrucción fiscal abierta por el delito de peculado que se sigue contra el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, seis exfuncionarios de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) y los representantes de las empresas Gota Azul y Satré Comunicación Integral, la Procuraduría General del Estado presentó su acusación particular contra todos ellos.

La acusación del Estado ecuatoriano fue presentada la tarde del viernes último ante la jueza del caso, Sylvia Sánchez, de la Corte Nacional de Justicia.

Según un boletín de prensa, la acción legal llega una vez la institución analizó un informe de Contraloría en donde se determinan indicios de responsabilidad penal en gastos generados y procesos de contratación efectuados por la Secom para la ejecución, producción y montaje de enlaces sabatinos realizados entre junio de 2013 y mayo de 2017.

El 31 de octubre pasado, la jueza Sánchez ordenó la vinculación y prisión preventiva de funcionarios de la Secom en gobierno de Rafael Correa: Marco Antonio Bravo, exsubsecretario de Medios Institucionales; Galo Pacheco, exadministrador del contrato con Víctor Hugo Enrique; Javier Lemus, excoordinador Administrativo Financiero; Vanessa Salgado, directora de Talento Humano subrogante; y Juan Chiriboga, exdirector Financiero.

La orden de prisión preventiva también alcanzó a los proveedores de Secom Carlos Bravo, hermano de Marco Antonio Bravo y gerente de la compañía Gota Azul; y a Beatriz Vivanco, representante de la empresa Satré Comunicación Integral.

La lista de vinculados se completó con Pablo Yánez, exsubsecretario Nacional de Comunicación. A él la jueza le definió la prohibición de salida del país, su presentación diaria ante la secretaria de la sala que lleva el caso y la inmobilización de fondos. Yánez hace parte del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos de Fiscalía.

Alvarado, quien fue también ministro de Turismo en el Gobierno de Rafael Correa, mantiene la calidad de prófugo, debido a que el 20 de octubre pasado, luego de retirarse el grillete, fugó del Ecuador hacia un país que supuestamente le otorgó asilo. El uso del grillete fue una de las tres medidas cautelares que Sánchez le ordenó en este caso el 9 de agosto pasado.

Para la Procuraduría, los exfuncionarios de la Secom “menoscabaron la confianza que, como funcionarios públicos, les obligaba la correcta administración de los fondos públicos, tomando en consideración que dicho patrimonio pertenece al Estado y que el abuso o disposición del mismo, de manera dolosa, constituye una infracción penal”.

La Procuraduría queda a la espera de que la jueza Sylvia Sánchez defina día y hora para el representante de la institución, Íñigo Salvador, reconozca la firma en la acusación.

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