El mismo día en que dispuso la libertad condicional del exministro Iván Espinel, la jueza Paola Dávila López fue suspendida temporalmente. Ocurrió el lunes a las 17:00, cuando el presidente del Consejo de la Judicatura transitorio Marcelo Merlo, emitió la disposición.

La jueza fue suspendida de sus funciones por 90 días, sin pérdida de remuneración, mientras se investiga su accionar. Además se le inició un sumario administrativo. Incluso se envió información a la Fiscalía para que investigue si existen posibles delitos de acción pública.

La sanción se da luego de que la directora general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) Diana Salazar presentó una denuncia en contra del accionar de la jueza, que levantó la orden de prisión y dispuso que el exministro use grillete electrónico y se le prohibió salir del país.

De acuerdo a la resolución de Merlo, la jueza tenía una “prohibición legal expresa” para revocar la prisión porque “el delito que se investiga es el de lavado de activos, tipificado en el Artículo 317, numeral 3, del Código Orgánico Integral Penal, que establece que la sustitución no cabe en los delitos sancionados con una pena privativa de libertad superior a cinco años y que en el caso que nos ocupa se trata de un delito sancionado con penas de 10 a 13 años de privación de libertad”

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