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Cortesía Diario El Universo

El jueves 21 de junio, el pleno de la Asamblea Nacional aprobaría el proyecto de Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, remitido el 24 de mayo con el carácter económico urgente por el Ejecutivo.

Esa previsión la hizo ayer la Comisión de Desarrollo Económico al avocar conocimiento del proyecto, aprobar el cronograma y el plan de trabajo.

Según empresarios, la propuesta reforma 18 cuerpos legales con ejes como remisión tributaria, atracción de inversiones privadas, incentivos, eliminación de exenciones, fomento a la vivienda de interés social, sostenibilidad fiscal.

Autoridades gubernamentales serán las primeras en ir a esa mesa legislativa para detallar la propuesta. Habrá subcomisiones para las comparecencias.

Hoy, desde las 16:00, acudirán el ministro de Finanzas, Richard Martínez, y los directores del Servicio de Rentas Internas (SRI), Marisol Andrade, y de Aduanas, Carlos Andretta.

El asambleísta Mauricio Proaño (antes de Alianza PAIS) dijo que hay varias preguntas que debe responder el Ejecutivo, pues mostró su inquietud por el planteamiento de remisión de deudas. Señaló que 3.127 empresas grandes tuvieron una utilidad de $ 7.824 millones en 2017, frente a 87.000 microempresas que tuvieron un decremento de 1,3%: “La ley lo que hace es beneficiar en remisión (de deudas) no a los que han cumplido sino a los que no han cumplido, y más o menos son $800 millones que va a dejar de recibir el Fisco”.

Y acotó que los funcionarios deberán identificar quiénes van a ser beneficiados y que demuestren que al reducir impuestos se genera mayor empleo e inversión.

Patricio Donoso (CREO) ve aspectos positivos como que se elimine el anticipo del impuesto a la renta para que se pague cuando se haya obtenido ganancia, y la eliminación del impuesto a la salida de divisas, aunque cuestionó que sea gradual. Él propondrá que sea definitiva. Argumentó que ese impuesto encarece toda actividad en un 5%. Y destaca el establecimiento de créditos para la economía popular y solidaria.

Considera que se deben incluir temas vinculados a los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI), de los cuales 17 fueron denunciados por el régimen anterior, que “se establezca una actividad propia del Ministerio de Comercio Exterior y Cancillería con respecto a las negociaciones a los TBI”.

Un análisis de la Cámara de Comercio de Quito sugiere, por ejemplo, que se prohíba que el IESS use sus recursos para financiar deuda de Gobierno. Los sectores productivos irán a la comisión este lunes

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