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La espera lleva ya dos años para los manabitas a quienes se les prometió, tras el terremoto del 16 de abril de 2016, la construcción de dos hospitales, en Chone y Pedernales, y más tarde se les ofreció un tercero, en Bahía.

Cuando se cumplieron 100 días del sismo, la entonces ministra de Salud, Margarita Guevara, en el gobierno de Rafael Correa, anunció que la obra arrancaría ese año. La obra no empezó en el 2016, tampoco en el 2017 y, aunque consta en los planes del 2018, la actual ministra, Verónica Espinosa, no aceptó tratar el tema en una entrevista pedida por este Diario desde hace un mes.

Los manabitas, usuarios y veedores, reclaman. “Hasta dos, tres horas esperando en Emergencia”, dice Carmen Burgos, de 34 años, y cuyos familiares sufren del corazón, al referirse al hospital Verdi Cevallos, de Portoviejo, en repotenciación.

En Pedernales hay pacientes que reciben atención en unidades móviles, carpas o contenedores. Rodolfo Ochoa, de 43 años, llevó a su niño a un centro donde le dieron primeros auxilios, pero por la gravedad lo trasladaron a Santo Domingo. “A nosotros no se nos destruyó un barrio, fue una ciudad entera”, dice Gabriel Alcívar, alcalde de Pedernales.

Veedores de la reconstrucción como Ignacio Navia y Horacio Bellettini cuestionan el manejo de los fondos para la reconstrucción. “Ha habido poca celeridad en el manejo de los recursos y las obras que sí se han ejecutado no son las más necesarias”, evalúa Bellettini, vicepresidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil.

De los $ 3.002 millones contemplados para la atención de las provincias afectadas por el terremoto hasta el 2020, el 28,5% de recursos ($ 858,7 millones) corresponde a obras finalizadas o entregadas.

El 70,9% ($ 2.093,8 millones) se divide entre fondos para obras en ejecución ($ 1.123 millones) y proyectos en planificación ($ 970,7 millones).

Para Salud se había fijado una asignación de $ 274 millones, según la Secretaría Técnica de la Reconstrucción. De esta cifra, Salud ha concluido obras por $ 25,5 millones, en ejecución están $ 3,5 millones. Y para futuros proyectos, como los tres nuevos hospitales, habría $ 244,9 millones. En un comunicado, el ministerio deslindó su responsabilidad en el retraso de obras y señaló que se “cuenta con todos los estudios”, pero que los dineros “no se pueden utilizar sin la autorización de la Secretaría Técnica de Reconstrucción”, que preside José Herrera Falcones.

Herrera dice que propondrá una metodología transparente para la asignación de los recursos, “para poder priorizar los proyectos” y “para que no existan estos criterios, que si esta obra es más o menos importante. Es subjetivo”.

Entre las obras en ejecución, con el 98% de avance según el ministerio, se encuentra el centro de salud tipo C Muisne en Esmeraldas, obra que la empresa pública Ecuador Estratégico adjudicó a la compañía Arroyo Aguirre Constructores, cuyo gerente Aníbal Arroyo Aguirre aseguró: “Estamos en proceso de entregarla”.

De las obras terminadas, los mayores recursos ($ 218,4 millones) se han destinado a la reactivación productiva y a créditos de la banca pública

($ 146,7 millones). Antonia Macías fue una de las beneficiarias, luego de perder su local de comida rápida en Portoviejo. “Tras el terremoto, BanEcuador me contactó, me dijeron que no me iban a dejar caer”, dijo feliz. En cambio, otros comerciantes de esa ciudad se sienten abandonados. “La zona cero está absolutamente botada, como un cementerio sin muertos”, se queja Oswaldo Solórzano, dueño de una farmacia y quien trasladó su negocio a otra dirección: “Muchos de los comerciantes se hicieron informales, están en las calles”.

El segundo sector con mayores recursos invertidos en obras terminadas es educación, con $ 139 millones, según los registros del Comité de Reconstrucción. Ahí se incluyen 185 planteles nuevos, además de reparaciones, obras que se han realizado, según informó la viceministra Mónica Reinoso, “con el presupuesto del Ministerio de Educación y de los créditos multilaterales”.

De lo recaudado de la Ley de Solidaridad ($ 1.537 millones hasta el 15 de febrero pasado), Educación ha recibido fondos por $ 28,4 millones.

Las contratistas mayoritarias son la China Railway con $ 13 millones para escuelas prefabricadas y Sinohydro Corporation con $ 2,9 millones para repotenciaciones de planteles.

Otro contratista educativo es Jangler Vera Molina, con $ 2,2 millones para desalojo de escombros, provisión de material pétreo y compactación de terrenos. Él también ha sido contratista del Ministerio de Transporte por $ 6 millones. “Yo tenía equipos disponibles. En el momento en que hubo el evento (terremoto) puse a disposición, sin ningún tipo de interés (…), soy bien amigo del alcalde y me pidieron ayuda ellos (el MTOP)”, contó Vera.

Para el sector vial, afectado por el sismo en 83,44 kilómetros de nueve provincias, se contemplaron $ 609 millones de los cuales se han terminado obras por $ 118 millones y en ejecución hay $ 319 millones.

Los mayores contratistas han sido consorcios como Montecristi, San Plácido o Río Mataje, que en su conjunto fueron adjudicados con $ 37 millones en obras. En los tres figura la empresa Eseico, cuyo presidente Ramiro Galarza explicó que su experiencia en contratos financiados con bonos del Estado hizo que se los convocara. “Nuestro modelo de construcción siempre ha sido encontrarles financiamiento a los clientes”, justificó Galarza, cuya hermana figuró en BanEcuador como directora de negocios hasta agosto pasado.

Infraestructura

El ministro de Transporte, Paúl Granda, no aceptó una entrevista con este Diario. El viernes, la entidad envió un resumen de obras que están a la espera de aprobación y que dependen de recursos del Eximbank, como la reconstrucción de la vía Quinindé-Las Golondrinas por $ 10,1 millones. “Para la construcción del puerto de Manta se estima enviar hasta el 15 de abril a Senplades para la aprobación de dictamen de prioridad”, señala el MTOP.

El terremoto en Manabí y Esmeraldas dejó más de 600 muertos y 138 menores en la orfandad, 27 de ellos perdieron a ambos progenitores.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) aplicó los primeros seis meses bonos de alimentación, acogida y alquiler para los damnificados. “Básicamente son $ 22 millones en el 2016 y $ 6 millones en el 2017, nosotros fuimos competentes para la atención inmediata y después la transferencia monetaria”, dijo Marco Cazco, viceministro del MIES, entidad que recibió asignaciones por $ 25 millones de la Ley de Solidaridad. Entre los mayores contratistas están Carlos Franco y Vitelio Zambrano, por dotar de víveres a albergues.

Para vivienda, el presupuesto fijado fue de $ 520 millones, pero hasta el 15 de febrero se habían concluido obras por $ 32,2 millones, el resto está en ejecución o en planes.

En La Pila, en la vía Montecristi-Jipijapa, hay una casa catalogada como inhabitable donde vive un adulto mayor. La fachada de la planta alta no tiene paredes y el techo está sujeto con cañas.

Esmeraldas

Inclusión en el Comité. A los dos años del terremoto, la Prefectura de Esmeraldas fue invitada a integrar el Comité de la Reconstrucción, aunque no oficialmente por decreto. La prefecta Lucía Sosa asegura que ya ha entregado un proyecto de 24 obras, que incluyen nuevas vías y planes para el desarrollo productivo, con un presupuesto de inversión de $ 92 millones.

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