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Bogotá.- El Tribunal de Justicia Venezolano que fue cesado por la actual Asamblea Constituyente ha realizado un pedido desde Bogotá, que es la captura del Presidente de ese País, Nicolás Maduro por tener presuntos vínculos con el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.

“Esta sala del Tribunal Supremo de Justicia declara procedente la solicitud a la medida cautelar de privación de libertad contra el presidente Nicolás Maduro”, señala el fallo leído este lunes por los magistrados en Bogotá.

Los jueces están exiliados en Colombia, Panamá, Chile y Estados Unidos, alegando persecución política,tras ser destituidos en agosto pasado por la Constituyente que rige como un suprapoder.

Aun cuando sus decisiones no son acatadas por el gobierno de Maduro, el llamado tribunal en el exilio sesiona virtualmente desde la capital colombiana.

El fiscal general venezolano y líder oficialista, Tarek William Saab, tildó este lunes la medida como una “acción bufa, delictiva”, y un “acto circense” que humilla el ejercicio del derecho.

Saab reiteró que en Venezuela solo hay un Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de sus funciones, y recordó que su despacho solicitó a Interpol una orden de captura contra estos “mercenarios” en una causa por “traición a la patria” abierta el 26 de octubre.

Los magistrados pidieron igualmente desde Bogotá que Interpol sea notificada de su decisión “para proceder con la captura de Nicolás Maduro”.

Los magistrados, que fueron designados por el Parlamento de mayoría opositora, acogieron el pedido contra el mandatario presentado por la fiscal Luisa Ortega, destituida por la Constituyente.

Ortega, que huyó de Venezuela en agosto de 2017, presentó pruebas que según ella demostrarían que la campaña de Maduro en 2013 recibió dinero de la constructora brasileña Odebrecht, y pidió acusarlo de delitos de “corrupción propia y legitimación de capitales”.

El Tribunal Supremo de Justicia es reconocido por el Parlamento Europeo y la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general, Luis Almagro, saludó la decisión este lunes.

“Los responsables de la crisis humanitaria, política, social y económica en Venezuela deben rendir cuentas”, escribió Almagro en Twitter.

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