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Quito – El juicio político contra el fiscal general, Carlos Baca,  es la segunda parte de la resolución por la que 103 asambleístas votaron el viernes y cuyo trámite se iniciaría esta semana con la recolección de al menos 36 firmas para presentar la solicitud ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

La recolección de firmas sería liderada por el Partido Social Cristiano (PSC) tras la intervención del coordinador de ese bloque, Henry Cucalón, en la que aseguró que procedía la destitución del hasta entonces presidente de la Asamblea, José Serrano, y el enjuiciamiento político a Baca.

Vicente Taiano (PSC) recordó que, antes, la propuesta fue hecha por su organización a través de César Rohón y que hoy tendrán una reunión para ajustar los detalles del trámite que debería iniciarse lo antes posible para “cerrar ese capítulo que tanto daño le ha hecho a la institucionalidad del país”.

Fabricio Villamar (CREO) sostuvo que no habría inconveniente en su bancada en apoyar al PSC si toma la iniciativa de presentar la solicitud. “Me parece que este es un tema en el que encontramos coincidencias, si es que como objetivo se tiene la reinstitucionalización del país, nosotros vamos a estar listos para apoyarlos”, señaló.

Villamar añadió que, en este caso, su coideario César Carrión, exjefe del hospital de la Policía en la revuelta del 30-S, también haría aportes, pues fue uno de los afectados y “tiene mucho qué decir sobre cómo fue el accionar de Baca”.

En tanto, la socialdemócrata Wilma Andrade, del Bloque de Integración Nacional (BIN), señaló que el apoyo al juicio es total de parte de su bancada, pues, a su criterio, Baca no explicó nada respecto del caso Odebrecht, en el que se juzgó al exvicepresidente Jorge Glas.

El juicio tendría el respaldo de PSC, CREO, BIN, SUMA, el autodenominado bloque de la Revolución Alfarista y de AP, aunque el día de la votación de la resolución que viabiliza el juicio, varios no estaban presentes en el Pleno.

De los 106 asambleístas presentes, 103 votaron a favor y tres se abstuvieron; 31 asambleístas se ausentaron.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez presentada la solicitud el CAL tendrá tres días para verificar el cumplimiento de requisitos y calificar, enviando a la Comisión de Fiscalización, la cual tendrá cinco días para avocar conocimiento y verificar la procedibilidad y notificar.

Luego, en un plazo de quince días, el fiscal y los legisladores proponentes presentarán sus pruebas de cargo y de descargo. Finalmente, en un plazo de cinco días, la Comisión debe emitir un informe a la Presidencia de la Asamblea con la recomendación o no de juicio político.

Interpelación
Procesos

Ochoa
El presidente de la Asamblea encargado, Carlos Bergmann, convocó al pleno para el juicio político a Carlos Ochoa, pese a que la semana pasada el Consejo de Participación transitorio lo destituyó en atención a una sanción de la Contraloría.

Glas
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea dio paso al enjuiciamiento político al exvicepresidente Jorge Glas unos días antes de que se resolviera declarar su abandono del cargo. Finalmente no se realizó.

Pólit
El excontralor Carlos Pólit fue interpelado pese a que había renunciado a su cargo. El pleno lo censuró.

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