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Quito.- Hace pocos días la Corte Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, que el asambleísta César Carrión presentó en el mes de Junio del 2017.

Esta demanda fue planteada en contra de todo el Libro Tercero del citado cuerpo legal, bajo la consideración de que al crearse el Servicio de Protección Pública, se rompe el monopolio de uso de la fuerza que de acuerdo con la Constitución la tienen exclusivamente la Policía Nacional del Ecuador y las Fuerzas Armadas.

Igualmente, Carrión ha alertado que en esta parte del citado Código, se crea un Sistema de Seguridad Pública y del Estado, al margen del marco constitucional. Carrión insiste en que los dos únicos dispositivos constitucionales previstos para atender la seguridad ciudadana y orden público y la defensa de la soberanía e integridad territorial son la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Además, recalcó el legislador, el Servicio de Protección Pública que se crea en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, constituiría un organismo más de interferencia del Poder Ejecutivo en el resto de funciones del Estado, pues dicho Servicio sería un cuerpo dependiente del Ministerio del Interior que controlaría a los máximos personeros de todas los organismos del Estado, incluidas las edificaciones.

El legislador por la provincia de Cotopaxi y miembro de la bancada de CREO concluyó recordando que el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público es una de las herencias del cuestionado régimen de Rafael Correa, que según hoy se está conociendo, estuvo anegado en corrupción.

Con el cuerpo legal cuya inconstitucionalidad ha sido demandada, se busca consolidar un sistema ocultación de todas las actuaciones de la gestión pública, asegurando su impunidad y el control de todo el aparato estatal

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