Guayaquil.- Richard Espinosa Presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), solicitó a la Organización Internacional de Trabajo (OIT) colaboración para elaborar un informe actuarial completo sobre la situación financiera de la entidad.
Espinoza explico que al inicio de esta semana recibiría la respuesta del organismo para iniciar la evaluación en la que también se incluirá a una universidad, igualmente manifestó que el trabajo podría comenzar la próxima semana.
La petición se da a propósito de la nota técnica elaborada por la Organización -difundida la semana pasada por la Cámara de Comercio de Quito (CCQ)-, donde se exponen observaciones críticas a la sostenibilidad del IESS con base a información proporcionada por el Frente Único de Trabajadores (FUT), Unión Nacional de Educadores (UNE) y organizaciones afiliadas a la Internacional de Servicios Públicos (ISP).
Con documentos en mano, Richard Espinosa empezó exponiendo que los datos proporcionados están incompletos.
Basada en esto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) apunta una serie de observaciones e inconsistencias sobre el informe actuarial elaborado por la firma Volrisk, con el que en 2015 se sustentó el cambio de las tasas de contribución de los Seguros de Invalidez, Vejez y Muerte, Seguro de Riesgos de Trabajo, y Seguro de Salud Individual y Familiar.
Se lo hizo con el fin de dar solución al déficit en el Fondo de Salud, dijo Espinosa, afirmando que no se tomaron recursos de otros fondos, sino que se reformuló el porcentaje asignado a cada rubro, amparados en la Ley de Seguridad Social.
Aseguró que solo se puso en conocimiento del organismo internacional una parte del estudio de Volrisk, pero que se dejaron al margen otros 7 documentos con análisis a mediano y largo plazo.
Pero el titular de la entidad sustenta que “así funcionan todos” los sistemas de seguridad social en el mundo cuando se realizan estudios actuariales. Para evitar el colapso, con años de anticipación a que la curva llegue a su nivel más bajo, se empiezan a tomar acciones administrativas o legales que extienden la sostenibilidad otros 4 años más.
