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Guayaquil.- La Asamblea establece vínculos con la academia. En esta ocasión, Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia; Henry Cucalón, asambleísta, y Libia Ordóñez, secretaria general, acudieron a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para exponer sobre la práctica y técnica legislativa. Juntos resaltaron el papel de la ciudadanía en la presentación de iniciativas legales y en la fiscalización.

El evento, organizado por la Escuela Legislativa, se desarrolló en la Facultad de Jurisprudencia de la entidad educativa, hacia donde asistieron las principales autoridades y estudiantes, quienes expresaron su satisfacción de poder ampliar sus conocimientos en este ámbito.

Libia Ordóñez explicó que existen cinco maneras de presentar proyectos de ley: por iniciativa legislativa, con el respaldo de al menos el 5 % de la totalidad de los integrantes del Legislativo; por parte del Presidente de la República, a quien la ley le permite, además, la competencia exclusiva en temas tributarios; el aumento del gasto público, cuando se modifique la división político-administrativa del país, y los calificados de urgencia en materia económica.

La otras funciones del Estado también pueden presentar propuestas legales, en materias vinculadas con el ámbito de su competencia, así como por decisión popular, con el apoyo del 0.25 % del padrón electoral. La funcionaria se refirió a los requisitos y procedimientos que se cumplen en el interior de la Asamblea.

Diferenció el trámite que se sigue en caso de proyectos ordinarios y los urgentes en materia económica, que se resumen en los tiempos. En los primeros, una vez que el Consejo de Administración Legislativa los califica y los remite a la comisión respectiva, la mesa tiene 45 días para presentar el informe para primer debate. Los primeros quince días se dedican a la participación ciudadana. Para el informe para segundo debate se requiere del mismo tiempo.

En las iniciativas urgentes, la Asamblea tiene treinta días para aprobarlos. El primer informe se presenta en diez días, los cinco primeros son obligatorios para la participación ciudadana. Transcurridos cuatro días del cierre del primer debate, se debe presentar el informe para votación. En el caso de tratados internacionales, la comisión cuenta con 20 días para elaborar el documento que se discute en el Pleno.

En codificaciones el tiempo aumenta a 60 días.

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