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Quito.- Este martes, a las 10h00, continuará la sesión No. 464 del Pleno, en la que se pronunciará sobre dos proyectos de resolución, a través de los cuales se condena la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres y reclaman medidas urgentes para enfrentar este problema, según la convocatoria del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano Salgado.

Mónica Alemán, coordinadora del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, planteó un proyecto de resolución para que se rechace la violencia de género y se exhorte a las diferentes instituciones a tomar medidas urgentes, entre ellas, la propia Legislatura.

Con el mismo enfoque Dallyana Passailaigue sostuvo que la prevención mediante la educación es esencial en esta problemática social.

Las legisladoras expresaron su indignación por el incremento del femicidios, que, según la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, hasta el 22 de mayo de este año, suman 80 casos, mientras que en el 2016 ocurrieron 118. De estas cifras, según Dallyana Passailaigue, 70 niños han quedado en la orfandad.

Con las resoluciones pretenden que la Asamblea se solidarice con las familias de las víctimas y condene todo acto sexista, misógino y discriminatorio.

“No solo hablamos de números, sino de mujeres a quienes les han cortado sus sueños, fueron trabajadoras, estudiantes, amas de casa, afroecuatorianas, indígenas, mestizas. Ellas ya no están y han quedado familias desmembradas”, enfatizó Alemán. Ahora somos las voces de las mujeres que no pueden ser escuchadas, agregó Passailaigue.

Con las resoluciones proponen que la Asamblea inste a diversas instituciones de las Funciones Ejecutiva y Judicial a tomar acciones urgentes para prevenir y acabar con este problema “estructural”, con medidas que modifiquen los patrones socioculturales.

Plantean, además, que la Función Judicial, fortalezca los servicios de atención para mujeres víctimas de violencia y la construcción de un sistema de registro unificado para tener datos de esta problemática; que el Ejecutivo destine los recursos financieros necesarios para el establecimiento de varios programas en favor de las mujeres y que los gobiernos autónomos descentralizados pongan en marcha acciones emergentes para el diseño e implementación de políticas locales en este tema.

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