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Quito.- Ecuador fortalece la lucha contra la corrupción al aprobar la normativa contra los paraísos fiscales, lo que le convierte en un referente a nivel internacional.

La Asamblea Nacional envió, este viernes, a la Presidencia de la República el proyecto de Ley para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 17 de febrero.

De acuerdo con los artículos 137 de la Constitución y 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Ejecutivo tiene un plazo máximo de 30 días para sancionar u objetar, de forma fundamentada, la normativa.

En la exposición de motivos, el proyecto advierte que los paraísos fiscales facilitan el aumento de la concentración de la riqueza y ahondan las desigualdades sociales. También, habilitan a los que más tienen para mover su riqueza a lugares donde no necesitan declararla y así evitar cargas fiscales, en perjuicio de sus conciudadanos, para pagar menos en proporción a su renta, lo que contribuye a agravar la desigualdad.

Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en los paraísos fiscales se ocultan de 5 a 7 billones de dólares. Tax Justice Network señala que el dinero de los impuestos evadidos a través de paraísos fiscales supera los 255 mil millones de dólares anuales, cantidad necesaria para lograr los Objetivos del Milenio propuestos por las Naciones Unidas.

En el ámbito regional, el 22 % de la riqueza de América Latina se encuentra en empresas offshore. Esto da como resultado que cada año se dejen de recaudar 320 mil millones por evasión y elusión fiscal, el equivalente al 6.3 % del producto interno bruto (PIB) regional. Eso, evidentemente, impide a los Estados invertir para garantizar derechos humanos básicos como la salud, la vivienda, la educación o el acceso al agua potable.

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