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Quito.- ¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales? Esa fue la pregunta que se planteó en la Consulta Popular el pasado 19 de febrero. El Ejecutivo, de forma inmediata, envió el proyecto de ley a la Asamblea Nacional, para que se efectivice el mandato popular, que se pronunció por el sí en más del 55%.

El planteamiento por el que los ecuatorianos votaron establece que la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes, a fin de adecuarlas al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano. En un año plazo, contado a partir de la proclamación de los resultados de la consulta, los servidores públicos que tengan capitales y bienes de cualquier naturaleza en paraísos fiscales, deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución.

Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, fue la ponente del proyecto. Hizo un análisis del contenido y aseguró que es inevitable ubicarse en hechos que deben ser repudiados por las sociedades de todo el mundo, pues se trata de una tragedia que sufren los países de renta media, en torno a lo que denominó “santuarios financieros”, como forma de refugio para dineros, muchas veces, mal habidos.

El narcotráfico, el tráfico de migrantes y órganos, no encuentran un mejor lugar que los países considerados paraísos fiscales y se pone en riesgo a negocios honestos, destruye el sistema fiscal e impide la correcta financiación de políticas públicas en beneficio de las mayorías”, recalcó.

La legisladora descartó que la ley persiga a empresarios o funcionarios honestos que depositan, de forma lícita, sus capitales en cualquier país del mundo, pero sí ratificó que se apunta a rastrear los dineros de origen ilícito y, en especial, a los funcionarios y servidores públicos que traicionan el encargo que les dio el pueblo.

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