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Foto: internet

Quito.-  El presidente de la República, Rafael Correa, entregó este jueves a la Corte Constitucional la pregunta de una eventual consulta popular que busca prohibir que los cargos públicos tengan bienes o capitales en paraísos fiscales.

Alexis Mera, secretario Ejecutivo de la Presidencia, fue el encargado de entregar a la Corte la pregunta y la justificación legal para consultar a la ciudadanía si está de acuerdo o no que funcionarios tengan recursos en bancos afincados en países que permiten el secreto de cuentas y la posibilidad de evasión tributaria.

La pregunta dice: “¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?”.

El texto entregado por Mera señala que, en el plazo de un año a partir de la proclamación de los resultados de la consulta, la Asamblea Nacional “reformará las leyes pertinentes” y que en ese mismo plazo, los servidores públicos “deberán retornar al país esos dineros y su incumplimiento será causal de destitución”.

Mera aseguró que la presentación de la pregunta a la Corte Constitucional es “un paso más en la lucha del Gobierno contra los paraísos fiscales”.

El secretario jurídico de la Presidencia recordó que la política de lucha contra los paraísos fiscales emprendió el Gobierno en 2007, pero dijo que ahora se requieren acciones contundentes, sobre todo tras la publicación de los llamados “papeles de Panamá”.

“Hemos entregado un documento con un alegato que expresa que hemos hecho, si quiera, nueve reformas legales castigando los paraísos fiscales, como por ejemplo un incremento de impuestos a quienes incurran en esto”, remarcó Mera.

La propuesta, dijo, busca prohibir que los funcionarios públicos tengan dinero o bienes en paraísos fiscales y darles un plazo de un año, de ser el caso, para que repatríen esos recursos al país.

La consulta popular, de ser calificada, se efectuaría de manera simultánea en las elecciones presidenciales y legislativas de febrero próximo.

Según Mera, este planteamiento “no hace daño a ningún candidato, pero sí bien al país, pues de haber personas con capitales ‘offshore’, estos retornarían al país”, si en el futuro pretenden postular a cargos públicos de elección popular.

La Corte Constitucional tiene un plazo de 20 días para determinar la validez o no de la pregunta, luego de lo cual notificará al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que haga la respectiva convocatoria.

Fuente: El Ciudadano

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