QUITO (CRE).- La decisión adoptada por el Régimen generó el rechazo de movimientos indígenas y ambientales, que ya anuncian movilizaciones y exigen que se convoque a una consulta popular. Los grupos coincidieron en exigir a la Asamblea la convocatoria a una consulta popular para que sea la población quien decida sobre el tema. Y expresaron su preocupación pues la explotación de crudo pone en riesgo los derechos de los pueblos libres en aislamiento voluntario: Tagaeri y Taromenane. En ese sentido, Elsie Monge, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos recordó que existen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de estos pueblos y que no pueden ser pasadas por alto.

Por su lado, Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, dijo que “la patria no se vende, el Yasuní se defiende” y exigió que se llame a una consulta popular. Aunque no confirmó la convocatoria a movilizaciones, Cholango afirmó que, tras la decisión del Gobierno, la conservación del Yasuní deja de estar en manos del Gobierno y “vuelve a la sociedad que la defenderá”. La Constitución ecuatoriana permite el llamado a consulta popular por iniciativa de la ciudadanía, “con un respaldo no menor al 5% de las personas inscritas en el registro electoral”, que es de 11,4 millones de personas.

Al inicio de la semana y tras conocer sobre la posible decisión del Mandatario, los movimientos indígenas agrupados en la Conaie, Ecuarunari y Pachakutik anunciaron acciones de protesta, para el próximo 27 de agosto, si el Régimen decidía explotar el petróleo en el Parque Nacional Yasuní. Por su parte, Roque Sevilla, quien presidió la primera comisión conformada para la Iniciativa, calificó como “un día de luto” para el país y dijo que la única forma que tiene el Gobierno de enmendar “el grave error” es convocando a una consulta popular. “Para los casinos, los toros y los gallos sí valió la opinión del pueblo”, dijo Sevilla al recordar la última convocatoria a plebiscito por parte del Ejecutivo para preguntar a la población sobre la continuidad de las corridas de toros, las peleas de gallos y los casinos en el país.

Pablo Jarrín, ex director de la Estación Científica Yasuní de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en cambio, señaló que la posibilidad de una extracción responsable, tal como anunció el Gobierno, es un tema secundario. “Es un hecho que la industria petrolera no es el factor inherente que causa destrucción en el medioambiente, es la colonización que viene posteriormente, a través de las vías de acceso creadas por esa industria”. Conforme a estimaciones privadas, alrededor de 11 000 indígenas están asentados en el Yasuní, la mayoría quichuas.

Los grupos ambientalistas argumentaron que el único responsable del “fracaso” es el Gobierno, ya que las señales contradictorias enviadas a lo largo de estos años a la comunidad internacional y las amenazas de explotación minaron la idea original de la propuesta. Al finalizar, los grupos hicieron un llamado a la sociedad civil a sumarse a esta idea.

Fuente: El Comercio.





Esta nota tiene 1733 palabras