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QUITO (CRE.).-Carteles de protesta se colocaron en la entrada de la Fiscalía de Pichincha esta mañana. Fueron los familiares de los 12 exalumnos del colegio Central Técnico acusados por el delito de rebelión desde febrero pasado.

Aunque con escuetas palabras por temor a repercusiones en el dictamen, los padres de familia piden que en verdad se haga justicia. “Nuestros hijos son inocentes, no hay pruebas que inculpen a los muchachos, pero tememos que solo se tome en cuenta los partes policiales y los testimonios de los policías”, expresa uno de los padres seriamente preocupado. A las 08:30 se instaló la audiencia en el Tribunal Noveno de Garantías Penales de Pichincha, en la avenida 9 de Octubre y Patria. 50 testigos fueron llamados a declarar, de ellos, 20 policías.

El pasado 12 de junio, el juez de flagrancia Nelson de la Cadena llamó a juicio a los jóvenes que el 22 de febrero supuestamente participaron en las protestas por el cambio de nombre del plantel educativo.

Ese día hubo daño a la propiedad privada del sector y a motocicletas policiales y pese a que no ha sido probada la culpabilidad, el Tribunal ordenó el embargo a los jóvenes por USD 300 para reparar los daños materiales.

El caso fue llevado antes por el fiscal Bormman Peñaherrera, quien tras el primer juicio absolvió a los estudiantes por falta de pruebas. El pronunciamiento del fiscal fue respaldado por el fiscal Galo Chiriboga. Sin embargo, su par de Pichincha, Miguel Jurado revocó el pronunciamiento y entregó el caso al nuevo fiscal José Luis Jaramillo. Durante el nuevo juicio, Jaramillo ha presentado cerca de 22 pruebas entre testimonios, partes, fotografías y videos. Según la defensa, ninguna de ellas prueba la participación explícita de los jóvenes acusados.

Fuente: El Comercio

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