El Municipio de Guayaquil dio plazo hasta el próximo agosto para que los bares que funcionan cerca de la Universidad de Guayaquil dejen de vender bebidas alcohólicas, tanto a los estudiantes como a los asiduos clientes.

En mayo pasado, 15 de estos negocios fueron cerrados por la Comisaría Cuarta municipal por, entre otros motivos, permitir que “consuman bebidas alcohólicas sin el acompañamiento de comidas”, según la notificación que dejaron en las puertas de los locales.

En primera instancia, según los propietarios, se dispuso que las bebidas alcohólicas deben ir como acompañantes de alimentos aunque después, aseguraron, que se prohibirá la venta de este tipo de bebidas en bares y restaurantes.

Algunos bares reabrieron dos semanas después con la advertencia de cambiar el estilo del comercio. Otros, comentan los responsables de los negocios que funcionan en la zona, migraron hacia otros puntos de la ciudad.

El perímetro en donde están ubicados estos bares comprenden las calles Tungurahua, Av. 9 de Octubre, Esmeraldas y Alejo Lascano. Entre los más concurridos están “la U”, La Fakultad, Pizza ‘n Beer, entre otros.

La afectación de la medida municipal, respaldada por la ordenanza que regula el funcionamiento de bares y restaurantes, es variada según las posibilidades económicas de los negocios.

Los bares más antiguos del sector son de hace 20 años, mientras que los más recientes tienen menos de 5 años de funcionamiento.

“Estamos a la espera de lo que pueda ocurrir el 31 de agosto y aspiramos a que el Cabildo revise la disposición para que podamos seguir trabajando aquí”, indica uno de los propietarios de los locales afectados.

Sin embargo, la mayoría de los comerciantes consultados se manifestó preocupado por el inminente cierre de los locales.

Entre ellos, circula el rumor de que la medida adoptada por el Cabildo obedece a una presión por parte de los propietarios de la zona rosa.

En octubre de 2012, la Comisaría Cuarta del Municipio de Guayaquil clausuró 29 locales de la zona rosa por no cumplir las ordenanzas que rigen desde mayo del año pasado.

Fuente: El Telègrafo.





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